Para contratar con una administración no basta con tener capacidad y solvencia: hace falta no estar incurso en ninguna prohibición de contratar. El artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) recoge la lista cerrada de causas que inhabilitan a una persona o empresa para ser adjudicataria, y la mesa de contratación no tiene margen: si concurre una, excluye.
¿Cuándo no se puede contratar con la Administración? En resumen, cuando la empresa o sus administradores tienen una condena penal por ciertos delitos, una sanción firme por infracción grave, están en concurso, no están al corriente con Hacienda o la Seguridad Social, han falseado una declaración responsable, o se comportaron mal en una licitación anterior (retirar la oferta, no firmar el contrato, provocar su resolución). A eso se suman, para empresas de 50 o más trabajadores, la cuota del 2 % de personas con discapacidad y el plan de igualdad inscrito.
Esta guía recorre las causas una a una con su artículo, aclara qué no es prohibición (la falta de solvencia y, en contra de lo que se repite, la morosidad con proveedores), explica cuánto dura, dónde se consulta y cómo se levanta con las medidas de autolimpieza del artículo 72.5.
1. Qué es una prohibición de contratar y qué no lo es
Una prohibición de contratar es una situación jurídica, declarada por sentencia o por resolución administrativa, que impide a la empresa contratar con todo el sector público mientras dura. Conviene distinguirla de la falta de solvencia, que solo afecta a un contrato concreto:
| Concepto | Prohibición de contratar (art. 71) | Falta de solvencia (arts. 87 a 90) |
|---|---|---|
| Causa | Infracción legal, fiscal, penal o contractual | Facturación o medios insuficientes para ese contrato |
| Alcance | Todas las licitaciones del sector público | Solo la licitación en cuestión |
| Publicidad | Se inscribe en el ROLECE | No consta en ningún registro |
| Salida | Cumplir el plazo o acreditar autolimpieza (art. 72.5) | UTE o medios externos (arts. 69 y 75) |
2. Las causas del artículo 71 LCSP, en una tabla
| Bloque | Supuestos | Dónde está |
|---|---|---|
| Penal | Condena firme por terrorismo, organización criminal, corrupción, cohecho, tráfico de influencias, fraude, blanqueo, delitos contra Hacienda y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, urbanísticos o medioambientales, entre otros | art. 71.1.a |
| Infracciones graves | Sanción firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral de personas con discapacidad o de extranjería; o muy grave en materia medioambiental, laboral o social | art. 71.1.b |
| Insolvencia | Concurso voluntario, insolvencia declarada, intervención judicial o inhabilitación | art. 71.1.c |
| Obligaciones fiscales y sociales | No estar al corriente con Hacienda o la Seguridad Social; en empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir la cuota del 2 % de personas con discapacidad o no tener el plan de igualdad inscrito | art. 71.1.d |
| Falsedad | Haber falseado la declaración responsable o el DEUC, o no haber aportado la documentación requerida | art. 71.1.e |
| Sanciones e incompatibilidades | Sanciones administrativas firmes que lleven aparejada la prohibición, e incompatibilidades de altos cargos, administradores y cargos electivos | art. 71.1.f a h |
| Conducta en licitaciones | Retirar indebidamente la oferta, no formalizar el contrato, incumplir condiciones especiales de ejecución o provocar la resolución culposa de un contrato anterior | art. 71.2 |
Las causas del apartado 1 operan de forma automática cuando se dan; las del apartado 2 requieren que un órgano las declare tras un procedimiento con audiencia de la empresa (art. 72 LCSP).
3. Las tres causas con las que más tropiezan las pymes
A. Deudas con Hacienda o la Seguridad Social (art. 71.1.d)
Es la causa más frecuente y la más evitable. La Administración comprueba los certificados de estar al corriente de la AEAT y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que caducan a los seis meses. Una deuda pequeña no reclamada, una sanción tributaria firme sin pagar o un recargo olvidado bastan para que el certificado salga negativo.
B. Plan de igualdad y cuota de discapacidad (art. 71.1.d)
En empresas de 50 o más trabajadores el artículo 71.1.d exige dos cosas: cumplir la cuota del 2 % de personas con discapacidad (o las medidas alternativas autorizadas) y contar con un plan de igualdad. La Ley Orgánica 2/2024, en vigor desde el 2 de agosto de 2024, precisó que el plan debe estar inscrito en el registro de planes de igualdad (REGCON): tenerlo redactado ya no basta.
C. Falsedad en el DEUC o en la declaración responsable (art. 71.1.e)
Marcar «sí» a un requisito de solvencia que no se cumple, o declarar que no se está incurso en prohibición cuando sí, es causa de prohibición por sí misma. El DEUC es una declaración jurada preliminar; lo que se afirma en él se comprueba al ganar. La guía para rellenar el DEUC explica qué casillas revisar antes de firmar.
4. Morosidad con proveedores: penalidad, no prohibición
Se repite mucho que pagar tarde a los subcontratistas es causa de prohibición de contratar. No lo es. La Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, atacó la morosidad en la contratación pública por otra vía: modificó los artículos 216 y 217 LCSP.
- El contratista debe aportar, con cada certificación, un certificado de pagos a subcontratistas en obras, en servicios de más de cinco millones de euros y cuando la subcontratación supera el 30 % del precio (art. 217.2).
- El impago acreditado por sentencia o laudo firme dentro de los plazos de la Ley 3/2004 es causa de penalidad en cualquier contrato, aunque el pliego no la prevea: hasta el 5 % del precio, repetible cada mes, con un tope del 50 %, y responde de ella la garantía definitiva (art. 217.3).
- Además, la misma ley excluye de las subvenciones de más de 30.000 € a las empresas que incumplen los plazos de pago (art. 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones).
Es decir, la morosidad cuesta dinero en el contrato y cierra la puerta a las ayudas, pero no inhabilita para licitar. Si algún pliego lo afirma, conviene leer la cláusula con cuidado: puede tratarse de una condición especial de ejecución, que sí puede acabar en prohibición si se incumple (art. 71.2.c).
5. Prohibiciones por conducta en licitaciones anteriores (art. 71.2)
El artículo 71.2 sanciona el comportamiento de la empresa como licitadora o como contratista:
- Retirar indebidamente la proposición o la candidatura antes de la adjudicación.
- No formalizar el contrato en plazo, o no constituir la garantía definitiva, siendo adjudicatario.
- Incumplir las condiciones especiales de ejecución cuando el pliego las califique de obligación esencial.
- Dar lugar a la resolución culposa de un contrato anterior.
6. Cómo se declara y cuánto dura
Salvo cuando la fija directamente una sentencia, la prohibición se declara en un procedimiento administrativo con estos pasos (arts. 72 y 73 LCSP):
- Incoación por el Ministro de Hacienda o el órgano competente de la comunidad autónoma.
- Alegaciones de la empresa, con posibilidad de aportar pruebas.
- Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- Resolución con la duración de la prohibición, e inscripción en el ROLECE, momento en que produce efectos frente a todas las administraciones.
La duración la fija la resolución según la gravedad y el daño causado. Como regla general no excede de tres años; en las derivadas de condena penal la determina la sentencia.
7. Cómo consultar si una empresa está en prohibición
- ROLECE: las prohibiciones declaradas se inscriben en la sección correspondiente y aparecen en el certificado de la empresa.
- Ministerio de Hacienda: publica la relación de empresas en situación de prohibición para contratar, consultable en su sede electrónica.
- Los propios certificados: el de la AEAT y el de la Seguridad Social de estar al corriente son la comprobación más rápida de la causa más frecuente; pídelos antes de cada licitación, no después de ganar.
8. Cómo levantar una prohibición: la autolimpieza (art. 72.5)
La LCSP incorpora la figura del self-cleaning de la Directiva 2014/24/UE: una empresa incursa en prohibición puede evitarla o levantarla si acredita que ha adoptado medidas suficientes:
- Reparación del daño: pago de las indemnizaciones o liquidación de las deudas que originaron la prohibición.
- Colaboración activa con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.
- Medidas de compliance: programas de prevención, auditorías, códigos de conducta y cese de los responsables.
9. Checklist antes de licitar
- Certificado de estar al corriente de la AEAT con menos de seis meses.
- Certificado de estar al corriente de la Seguridad Social con menos de seis meses.
- Cuentas del último ejercicio depositadas en el Registro Mercantil.
- Con 50 o más trabajadores: plan de igualdad inscrito en REGCON y cuota del 2 % acreditada o medidas alternativas autorizadas.
- Ningún administrador en situación de incompatibilidad ni con condena firme relevante.
- Certificado ROLECE actualizado, sin prohibiciones anotadas.
- Plazos de pago a proveedores dentro de la Ley 3/2004: no es prohibición, pero sí penalidad y exclusión de subvenciones.
10. Conclusión
La mayoría de las prohibiciones de contratar que sufren las pymes no vienen de delitos ni de sanciones: vienen de un certificado tributario caducado, una deuda pequeña sin aplazar o un plan de igualdad sin inscribir. Son las causas más baratas de evitar y las que más contratos cierran.
Revisa el checklist antes de cada licitación y lee con calma la cláusula de prohibiciones del pliego: nuestra guía para analizar un pliego explica dónde suele estar y qué buscar. Las licitaciones abiertas están en el buscador, y el resto de lo que hay que comprobar antes de presentarse, en la guía Go/No-Go. La prohibición de contratar es la primera de las causas de exclusión; las de las fases siguientes, del sobre administrativo a la baja anormal, en causas de exclusión, fase por fase.